¿Dónde acaban los residuos electrónicos de todo el Mundo?

Seguramente muchos nos hemos preguntado alguna vez a dónde van a parar nuestros aparatos electrónicos cuando ya no funcionan, o bien, cuando los cambiamos por otros. La respuesta es que nuestros viejos móviles, tablets, ordenadores portátiles, etc, también llamados “e-waste” tienen su fin en los países en vías de desarrollo. La acumulación de “e-waste” en dichos países crece desorbitadamente a un ritmo de 40-50 millones de toneladas al año, siendo el mayor crecimiento de teléfonos móviles y similares. El problema se acentúa en los países que reciben esos materiales porque es ahí donde se “recicla”. Y no es de extrañar que este problema crezca cada vez más si tenemos en cuenta que el avance de las tecnologías continúa y que todo aquello que se queda obsoleto tiene que acabar en la basura.

Debido al elevado crecimiento de residuos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió tomar medidas urgentes contra el grave problema para el medio ambiente y la salud pública que supone ese crecimiento de la basura electrónica. Entre el 50 y el 80% de todos esos residuos van a parar a ciudades-vertedero como lo son (para los países del “primer mundo”) China, India, Paquistán, Ghana y Nigeria. Aunque, por ejemplo, China se suscribió a la Convención de Basilea (que prohibe a los países “del primer mundo” exportar su e-waste a las naciones en vías de desarrollo) existen aún muchas lagunas legales que permiten esconder toda esa chatarra bajo la concepción del reciclaje o las reparaciones. Guiyu, una ciudad del sur de China, se ha convertido en el mayor vertedero de basura electrónica de todo el mundo. El 95% de los habitantes de Guiyu se gana la vida trabajando con esos residuos, poniendo en peligro sus vidas debido a la alta exposición frente a componentes tóxicos como el plomo, el mercurio o el cadmio.

Miles de residuos electrónicos se exportan ilegalmente desde Europa, EEUU, Japón y otros países industrializados hacia países de Asia y África, donde los trabajadores desmantelan los residuos. Según Greenpeace “HP, Lenovo y Dell no cumplen su compromiso de eliminar los tóxicos. Nokia se mantiene a la cabeza de la lista y Philips es la empresa que experimenta la mayor subida”. La cuestión más importante no debería ser tanto la eliminación de los tóxicos que llevan dichos aparatos, ya que deberían cumplirlo desde el principio de su fabricación, sino el hecho de que las empresas se comprometan a no transportar de manera masiva esa e-waste a algunos países en vías de desarrollo.

Así se está creando un peligroso mercado no sólo para la salud de las personas que manipulan esos residuos sino también para el medio ambiente, y Accra (Ghana) es uno de los destinos más evidentes de ese daño. Con la excusa de los países de Occidente de reciclar los aparatos electrónicos se está llevando a organizaciones de dudosa legalidad, donde toda la chatarra se vende a supuestos empresarios que dicen reciclar esos residuos y que tampoco recibe supervisión alguna por parte de los gobiernos de los países destinatarios. Los residuos se descargan en los puertos sin ninguna reglamentación, y es ahí donde se empiezan a separar los elementos que podrán ser vendidos de nuevo a grandes empresas, separándolos de aquello inservible. La chatarra sobrante se quema formando grandes nubes de humo tóxico que provoca grandes problemas de salud para las personas que se encuentran allí, y lo peor de todo es que en esos procesos de “reciclaje” no sólo hay una gran cantidad de personas adultas, sino también niños en condiciones pésimas.

En Europa, donde se producen una media de 2.000 millones de toneladas de residuos, incluidos los residuos “altamente peligrosos”, la legislación resume la situación de la siguiente manera: “El almacenamiento de estos residuos no es una solución sostenible y su destrucción no resulta satisfactoria debido a que los residuos que se producen son muy contaminantes. La mejor solución continúa consistiendo en prevenir la producción de residuos y reintroduciéndolos al ciclo de producción mediante el reciclaje de sus componentes cuando existan soluciones sostenibles desde los puntos de vista ecológico y económico”. Y es que la mayoría de normativas existentes en el mundo hacen referencia al medio ambiente y a la gestión de los residuos electrónicos, pero no sólo se trata de un problema medioambiental grave, sino también de una falta de regulación efectiva en cuanto al transporte del e-waste hacia los países en vías de desarrollo, que pone en peligro la vida y la integridad de las personas que viven en esos territorios.

Como ya he dicho al principio, la acumulación de basura electrónica en los países en vías de desarrollo es un problema cada vez más grave debido, sobretodo, al avance de la tecnología, y por tanto es un problema propio de un mundo globalizado y neo-corporativista. El neocorporativismo, según Philippe C. Schimitter “depende de un intercambio político, en el que intereses organizados y organismos oficiales acuerdan de forma calculada, aunque siempre con decisión y entusiasmo, un determinado modelo de representación formal y negociaciones básicas”.

El corporativismo, que busca la centralización a través de empresas, llega a negociar acuerdos que se acaban convirtiendo en las normas que regulan la sociedad. Así, en relación con la gestión de residuos electrónicos y su transporte masivo, entra en juego un tipo de pensamiento neoliberal que asume la globalización económica y la internacionalización de los mercados financieros, que a su vez obliga a gobiernos de la Unión Europea y de la OCDE a seguir unas políticas públicas que reducen el poder del Estado del Bienestar, disminuyendo la protección social. El neoliberalismo, que defiende todo lo económico por encima de cualquier otra cuestión, acaba invadiendo la esfera política y deja por los suelos el beneficio colectivo. Muchas empresas conocidas del mundo de la electrónica quieren concienciar al público de un “consumo responsable” y reciclaje de los aparatos electrónicos, pero eso no deja de ser una cuestión de imagen si tenemos en cuenta que los intereses principales de esas empresas son meramente económicos.

Por otro lado, la obsolescencia programada también tiene que ver con el problema que estamos tratando. La obsolescencia programada provoca, en la mayor parte de los casos, que el consumo masivo de productos electrónicos aumente cada vez más, y esto, unido al hecho de que los gobiernos, empresas privadas y otros organismos crean que el desarrollo económico no tiene porque impedir la conservación del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos no nos aporta esperanzas que vayan camino de una solución.

Algunos autores proponen soluciones para atenuar los efectos de la obsolescencia programada, pero se trata de procesos complejos y de larga duración. Se dice que sería necesario introducir el término “reparación” al sistema de producción industrial y en la mente de los consumidores, produciendo aparatos con una vida útil más larga; y por otro lado, utilizar Informes de Responsabilidad Social Corporativa para informar al consumidor de las políticas y de las medidas que se toman en las empresas para aumentar la vida útil de los productos, de manera que el consumidor podrá verse atraído por el producto en cuestión si ve que cuenta con una buena calidad. La realidad es compleja y podría decirse que esto es casi una utopía, tan compleja como lo es la obsolescencia programada, que a su vez se contradice ya que ha sido la forma de desarrollarse de las economías de mercado desde que, 40 años más tarde de que Edisson pusiera en venta las primeras bombillas, se creara el “Comité de las 1.500 horas”, donde se acordó que ninguna bombilla superaría una vida útil de 1.000 horas.

A modo de conclusión, la última palabra ya no la tienen los gobiernos, sino que la tienen las entidades privadas, las que forman parte del poder en un contexto de globalización, algo que hace imposible el avance hacia una sociedad más segura, sostenible y que pueda garantizar los Derechos Humanos de todas las personas.

Blaser, F; Schluep, M. (2012). Economic Feasibility of e-Waste Treatment in Tanzania. Swiss Federal Institute for Materials Science and Technology (Empa). St. Gallen, Switzerland.

Gordon, R (1997). Saving Failed States: Sometimes a Neocolonialist Notion. American University International Law Review.

Greenpeace (2008). Envenenando la pobreza. Residuos electrónicos en Ghana. Construyendo un futuro sin tóxicos.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. «BOE».